El software no tiene brazos para impedirte hacer trampa. La crisis reciente de credibilidad en el examen de ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) nos recuerda que los sistemas tienen límites. Por eso la tecnología necesita reglas, supervisión y procesos bien documentados que la acompañen como parte de una gobernanza.

Los puntajes de admisión a la UNAM se dispararon durante el primer examen en línea para ingreso. La proporción de aspirantes con más de 100 aciertos (de 120 posibles) se triplicó en comparación con el promedio histórico. Los resultados mostraron anomalías graves que encendieron las alarmas sobre la ética y justicia de uno de los procesos de reclutamiento educativo más importantes de Latinoamérica. Aunque un programa con inteligencia artificial vigiló a los estudiantes a través de las cámaras de sus computadoras, la herramienta no pudo detener los resultados atípicos.

Todos sospechamos que los aspirantes usaron inteligencia artificial. Aunque los datos por sí solos no prueban la trampa, el incidente sugiere que el software choca contra la realidad del mundo físico. Lo que sucede más allá de la frontera digital, escapa a su control. Las personas pueden ignorar a un sistema, burlarlo o usarlo mal. Del mismo modo, quien administra tecnología puede ignorar sus alertas y decidir no aplicar las reglas.

A este fenómeno le llamo El Factor Rodilla.

Déjame contarte una anécdota. El usuario de un sistema para manufactura de alimentos reportó una falla extraña: las cajas de producto perdían peso misteriosamente entre la entrada y la salida de un túnel de congelación. La cantidad de hielo no explicaba la diferencia. El fabricante no encontró defectos en el software. Días después, un técnico descubrió la verdad: el operador del primer punto apoyaba la rodilla sobre la báscula para simular el registro. Quería evitar la fatiga. Al salir del túnel, otro operador sí pesaba la caja, lo que daba lugar a la diferencia.

A veces, las empresas y los gobiernos promocionan la tecnología como una cura mágica para problemas complejos sin darle importancia a sus límites. Por ejemplo, un gobierno vendió la idea de que un código QR acabaría con la corrupción en las citas para aplicar vacunas. Un candidato presidencial proponía llenar las calles con cámaras e IA para disminuir el crimen. La realidad es que estas herramientas exigen instituciones sólidas y personas que hagan cumplir la ley. La tecnología solo acompaña, no resuelve el problema de fondo. Un recepcionista puede dejar pasar a cualquiera con o sin código QR. Castigar y combatir delitos requiere justicia, no solo más cámaras.

Quien vende un proyecto tecnológico como una solución absoluta descuenta el impacto del factor rodilla. El tecnosolucionismo ignora hasta dónde llega el ingenio, y a veces la corrupción, del ser humano.

Esto no significa que la tecnología sea inútil. Los sistemas nos ayudan a procesar los datos con rapidez, automatizan tareas pesadas y nos facilitan la vida. Pero su éxito depende de las personas. Somos los humanos quienes garantizamos un uso seguro, ético y legal. Somos quienes debemos intervenir cuando el sistema falla. A esta combinación de reglas y supervisión humana se le llama gobernanza de tecnologías de información. El elemento humano debe estar en el centro de los procesos y la tecnología.

Fotografía: Daniel Uribarren

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Cuando hablamos de tecnología, nos imaginamos inteligencia artificial, redes sociales o dispositivos. Sin embargo, toda la economía digital se apoya de una infraestructura física pequeña pero indispensable: los circuitos integrados o chips. Así como el acero definió el siglo XX y el petróleo moldeó la Guerra Fría, la gran batalla geopolítica del siglo XXI entre Estados Unidos y China se está peleando por la capacidad de cómputo.

Los chips de vanguardia son el motor detrás de la IA, la computación en la nube, las telecomunicaciones y el armamento militar moderno. Pero esta industria tan importante depende de una cadena de suministro global sumamente frágil y llena de cuellos de botella:

• El monopolio de Taiwán. La inmensa mayoría de los microprocesadores (chips que calculan y procesan datos) más avanzados del mundo son fabricados por una sola empresa, TSMC, ubicada en una isla propensa a terremotos y bajo constante presión territorial por parte de China. Una interrupción en la producción taiwanesa provocaría una parálisis económica global inmediata.

• El control invisible de Estados Unidos. Aunque la fabricación se concentró en Asia, EE. UU. mantiene el control sobre las fases iniciales: el software de diseño de microchips y la maquinaria especializada de litografía. Sin estas herramientas norteamericanas o de sus aliados clave, es técnicamente imposible fabricar componentes de última generación.

• El bloqueo a China. Con el fin de contener su avance militar y tecnológico, Washington ha impuesto regulaciones estrictas y controles de exportación que restringen el acceso chino a los microprocesadores y equipos más avanzados del mercado.

• La guerra fría de la IA y el mercado negro. Las restricciones estrictas de exportación impuestas por EE. UU. han convertido a los chips de alta gama en un recurso estratégico tan codiciado que han surgido redes clandestinas de contrabando y empresas fachada en el sureste asiático para abastecer al mercado chino.

En este nuevo panorama global, la interconexión comercial no garantiza la paz; al contrario, la cadena de suministro es un instrumento de presión política. Mientras Pekín invierte presupuestos gigantescos para romper su dependencia exterior e intentar dominar la tecnología madura, Washington refuerza su cerco regulatorio para frenar el avance tecnológico de su rival.

El poder mundial no está determinado por el armamento tradicional ni solamente por la economía, sino por el diseño de circuitos de última generación sobre obleas de silicio. Quien controle los nodos de producción de esta industria determinará el futuro económico, tecnológico y militar del planeta.

Imagen: Adi Goldstein

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Durante el Mundial 2026 en México, los sistemas de reconocimiento facial siguieron a los aficionados desde su llegada a los aeropuertos hasta que se sentaron en los estadios. El software contrastó sus rostros en tiempo real con bases de datos de seguridad. Detrás del fútbol hay un entramado de mecanismos de vigilancia que observan y analizan a la gente.

Antes de cada partido, los equipos de seguridad de los estadios verifican el perfil del público. Determinan el nivel de riesgo del evento con información como edades, preferencias y nivel socioeconómico. Con esto calculan la cantidad de personal que necesitan en campo.

Cuando el aficionado se pone en marcha, el control también:

En los aeropuertos, los sistemas biométricos y de reconocimiento facial identifican a los usuarios. Están conectados con bases de datos nacionales e internacionales como Interpol y otras para detectar alertas restrictivas en tiempo real.

En los trayectos hacia los estadios, la videovigilancia urbana opera con algoritmos de análisis predictivo de comportamiento de masas. Los sistemas observan las principales vialidades y líneas de metro.

Dentro de los estadios, las cámaras de reconocimiento facial capturan a los espectadores. Los algoritmos de reconocimiento facial juzgan el comportamiento de las masas. Buscan indicios de disturbios. Los aglomeramientos atípicos son amenazas potenciales.

En el Estadio Monterrey había perros robot tácticos. Es la unidad K9-X. Transmiten imágenes en ultra alta definición a un servidor central donde los algoritmos de visión computarizada analizan el video para predecir disturbios. Los robots pueden ver a las personas en la oscuridad y detectar su calor corporal aunque estén ocultas. Están equipados con bocinas de alta potencia para que sus operadores transmitan instrucciones a través de ellos. No hay anonimato en los espacios públicos.

Los partidos se terminaron para México pero la información recolectada permanece. Hoy los cuadrúpedos robot recorren lugares diferentes de Monterrey. Los sistemas de vigilancia erosionan la privacidad de manera silenciosa. Para los asistentes es un juego. Para el estado es un ejercicio de control social y recolección de datos biométricos.

De cara al público es el mundial de la modernidad. Los organizadores lo ven como el mundial de la vigilancia desde el panóptico. Introdujeron un estado policiaco de alta tecnología detrás del fútbol. Una jugada cuestionable con la que nos metieron un gol.

Imagen: Tung Lam

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La FIFA escaneó a los 1248 futbolistas inscritos en el Mundial 2026. La digitalización corporal tomó un segundo por jugador. El videoarbitraje (VAR) usa estos avatares 3D que sustituyen a las animaciones anteriores. Detrás del VAR hay inteligencia artificial que juzga a los competidores con estándares físicos eurocentristas.

El avatar copia tonos de piel, masa y dimensiones exactas de las extremidades de cada futbolista para que el fuera de juego semiautomático rastree decenas de puntos del esqueleto con precisión milimétrica, apoyado con los datos del chip interno del balón Trionda de Adidas. El jugador tiene un gemelo digital. El balón es un dispositivo moderno, además de equipamiento deportivo. Es un fútbol 2.0.

Para recrear una jugada, una computadora procesa la superficie corporal de los futbolistas desde fotografías capturadas por cámaras de video. La fotografía se toma cuando el balón detecta una patada. Un software de inteligencia artificial procesa la imagen de los jugadores involucrados. El algoritmo identifica y traza 29 puntos clave del cuerpo, entre ellos, las articulaciones, extremidades, cabeza, hombros y rodillas. Con estos datos crea un esqueleto digital en tres dimensiones de cada competidor. El sistema coloca a los atletas en una escena digital y compara sus posiciones. Si el punto digital del hombro de un delantero rebasó el punto digital de la cadera del último defensor, el sistema envía una alerta automática a la cabina del VAR.

Los modelos de inteligencia artificial de medición antropométrica aprendieron a reconocer los puntos anatómicos viendo millones de imágenes de cuerpos humanos en distintas posiciones futbolísticas. El problema es que la mayoría de los modelos comerciales se entrenan con muestras de poblaciones blancas y caucásicas y de fisonomía estandarizada en laboratorios occidentales. Cuando el atleta se mueve de manera inusual o su cuerpo se sale del estándar de los datos de entrenamiento, los modelos fallan y se confunden. Las limitaciones de los datos pueden producir errores de detección.

La representación digital de las jugadas asume que el sistema lee el cuerpo de un futbolista japonés o centroamericano con la misma precisión que el de jugador nórdico. Si el algoritmo no está entrenado con una diversidad global representativa, la justicia tecnológica del VAR está viciada. Los modelos de aprendizaje automático de inteligencia artificial están diseñados para generalizar a partir de un conjunto de datos grande de entrenamiento. En la práctica, deben clasificar correctamente las nuevas observaciones que no se incluyeron en sus datos de aprendizaje.

Los sistemas deben adaptarse a las necesidades de los usuarios. No siempre ocurre. Kate Crawford en su libro Atlas de la IA (Atlas of AI) analiza cómo los sistemas de inteligencia artificial usualmente fuerzan al mundo físico a encajar en categorías rígidas y computacionales. Los jugadores saben que un movimiento o la forma natural de su cuerpo puede activar una alarma automatizada del VAR. El futbolista empieza a alterar su juego para adaptarse al sistema y no al revés.

Más allá del fútbol, en un centro de datos a miles de kilómetros de distancia, bajo una luz tenue, una serie de computadoras almacenan los gemelos digitales de los jugadores. Están hechos de datos personales y deportivos. Generan preguntas aún más inquietantes: ¿Le pertenecen los datos a la FIFA? ¿Al futbolista? ¿Puede el deportista ejercer sus derechos relacionados con los datos y la inteligencia artificial? Es otra cancha donde se desarrolla un juego diferente. Un juego que modifica el valor de los atletas en el mercado y pone en entredicho su privacidad y sus derechos.

Imagen: Pexels

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En este Mundial 2026, la FIFA proporcionó un software de inteligencia artificial para análisis táctico, estratégico y de rendimiento a las 48 selecciones participantes. El discurso oficial es atractivo: esta herramienta supuestamente permitirá a las selecciones con menos recursos técnicos analizar los partidos con el mismo nivel que las grandes potencias europeas. Pero ¿realmente todas las federaciones pueden sacarle provecho?

La tecnología finalmente conquistó al fútbol, un deporte que dejó atrás su era artesanal, como pasó con otros antes. Podríamos hablar del nuevo balón con un chip integrado, del uso de la inteligencia artificial y los jugadores digitalizados; todo para que las jugadas importantes sean menos una opinión del árbitro y más un veredicto preciso. Así es el fútbol 2.0.

La integración de los avances tecnológicos en este Mundial es impresionante, pero hay un aspecto aún más interesante: los datos obtenidos por estos sistemas, a los cuales las selecciones pueden acceder a través del software de la FIFA, Football AI Pro. La tecnología nos observa en espacios físicos y virtuales, y la cancha del deporte más popular del mundo no podía ser la excepción.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo que con esta herramienta iban a “democratizar el acceso a los datos”. El software pone al alcance de cualquier selección, el análisis del juego de los oponentes, tal como lo hacen los clubes con mayores recursos económicos.

En la narrativa de la FIFA, democratizar suena a repartir capacidades que antes eran de unos cuantos. Pero, la realidad es que la ventaja competitiva sigue estando en la capacidad de cada país para utilizar estas herramientas correctamente y capitalizarlas en acciones de mejora.

Darle este software a una federación que no tiene la infraestructura para desarrollar a su talento es como darle un Ferrari para hacerlo circular por un camino rural.

Los países con la capacidad técnica y económica para interpretar, analizar y diseñar planes de mejora siguen siendo los mismos de siempre. Al contrario, esta democratización de los datos les sirve más a las potencias futbolísticas, que los explotarán para ganar aún más ventaja sobre sus rivales.

La tecnología por sí sola no siempre cierra las brechas, y en este caso, como mucho, las disfraza al generar una falsa percepción de democratización que está “fuera de lugar”.

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Imagen: Annette

Típicamente las demandas contra plataformas digitales (como foros de mensajes o redes sociales) por contenido difamatorio o fotografías publicadas sin consentimiento suelen fracasar.

Desde los inicios de la web, las plataformas han operado bajo el principio de que no son responsables legalmente por el contenido que publican sus usuarios. Están protegidas por una ley estadounidense que dice que no son medios como los diarios o programas de televisión, quienes sí son responsables por lo que imprimen o transmiten. Esta ley es la Sección 230 del Acta de Decencia en las Comunicaciones.

Pero el escudo protector que esta ley proporciona empieza a cimbrarse y los demandantes comienzan a encontrar maneras para que sus demandas esquiven la Sección 230 y por lo menos las escuchen en las cortes.

A continuación, una breve historia de las demandas a plataformas y sus resultados.

1. Los primeros fracasos: el muro de la Sección 230

Durante años, la mayoría de las demandas contra plataformas como Facebook, YouTube o X fracasaron.

Los demandantes alegaban daños provocados por contenido publicado por terceros, desde acoso o difamación hasta delitos graves, pero los tribunales desestimaban los casos basándose en la Sección 230.

Un ejemplo reciente de esto ocurrió en 2025, cuando la Suprema Corte de Estados Unidos rechazó revisar una demanda contra Grindr por un caso de abuso, manteniendo la inmunidad de la plataforma.

2. Casi se logra: González vs. Google (2023)

El caso Gonzalez vs. Google, resuelto por la Corte Suprema en mayo de 2023.

La familia de Nohemi González, víctima de un atentado terrorista en París en 2015, demandó a Google alegando que YouTube había contribuido al reclutamiento de ISIS a través de su algoritmo de recomendaciones.

No se reclamó el contenido, sino el algoritmo de recomendación que promovía el contenido terrorista. Esto hizo que la corte admitiera la demanda, aparentemente esquivando la Sección 230.

Sin embargo, la Corte Suprema evitó pronunciarse directamente sobre este punto. En lugar de ello, devolvió el caso a instancias inferiores tras resolver un caso relacionado (Twitter vs. Taamneh), dejando intacto el alcance de la Sección 230.

No se creó un nuevo precedente contra las plataformas. Pero tampoco se cerró la puerta a futuros litigios.

González vs. Google es visto como un “casi” histórico: un momento en el que la Corte pudo cambiar el internet, pero decidió no hacerlo.

3. Los fallos de Santa Fe, Nuevo México y Los Ángeles en 2026

En esta ocasión los demandantes alegaron daños por el funcionamiento de las plataformas, no por el contenido. Por tal motivo la Sección 230 no es aplicable.

En marzo de 2026, se produjeron dos decisiones judiciales sobre estas demandas, que podrían marcar un antes y un después.

1) Nuevo México: responsabilidad por seguridad y engaño

Un jurado estatal determinó que Meta:

Engañó a los usuarios sobre la seguridad de sus plataformas.

No protegió adecuadamente a los menores frente a explotación sexual.

El resultado fue una sanción de 375 millones de dólares a las plataformas.

Este fallo es histórico porque es la primera vez que un estado gana un juicio contra una gran plataforma por daño a usuarios y reconoce responsabilidad por las propias decisiones de la empresa, no por contenido de terceros.

2) Los Ángeles: responsabilidad por diseño adictivo

En paralelo, un jurado en California resolvió que:

Meta (Instagram, Facebook) y Google (YouTube) diseñaron productos adictivos.

Estas decisiones contribuyeron a daños psicológicos en una joven usuaria.

El jurado las consideró negligentes y ordenó el pago de varios millones de dólares en daños.

El daño no se atribuyó al contenido sino a funciones como el scroll infinito (desplazamiento vertical), autorreproducción y sistema de recomendaciones algorítmicas.

4. El futuro

Estos casos rompen el modelo tradicional de inmunidad de las plataformas, respaldada por la Sección 230. Al centrarse la estrategia de los demandantes no en lo que publican los usuarios, sino en el diseño, negligencia y prácticas empresariales, estos encontraron una manera de exigir responsabilidad.

Las demandas comenzaron a comparar a las redes sociales con productos como el tabaco o los opioides, argumentando que estaban diseñadas para generar dependencia.

Si esta tendencia se consolida, podría implicar cambios en el diseño de plataformas y nuevas obligaciones legales, así como un rediseño que incluya responsabilidad en el desarrollo de nuevos productos.

Los tribunales están empezando a decir que las plataformas no solo distribuyen contenido, sino que también diseñan tecnologías y ambientes con consecuencias jurídicas.

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Imagen: Vector Gallery

Existe un consenso creciente sobre los efectos de las redes sociales en menores de edad. Diversos estudios, organismos y autoridades apuntan a una posible conexión con problemas como ansiedad, depresión y angustia.

Sin embargo, la ciencia todavía no tiene una respuesta clara sobre qué hacer con ese diagnóstico. Y ahí es donde empieza lo interesante.

Ante la incertidumbre, algunos países ya tomaron una decisión: prohibirlas.

Vale la pena repasar cómo funcionan estas plataformas.

Las redes sociales no son neutrales. Están diseñadas para maximizar el tiempo de permanencia de los usuarios. Usan mecanismos como el “scroll infinito” (desplazamiento infinito), la retroalimentación positiva que viene de los “me gusta” o de la amplificación de las publicaciones y las recomendaciones de contenido, entre otros.

Diversas investigaciones, organismos independientes y autoridades coinciden en una correlación entre el uso intensivo de redes sociales y el deterioro de la salud mental en menores. Y lo peor: las empresas de tecnología lo saben.

Dos decisiones judiciales históricas en Estados Unidos reconocieron este diseño nocivo. Recientemente los jurados señalaron responsabilidad de plataformas tecnológicas como Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) y Google (YouTube) por el diseño de funciones que favorecen el uso compulsivo, así como por no advertir adecuadamente los riesgos asociados a la salud mental.

Estos casos no son aislados. Reflejan una tendencia global: la creciente presión sobre las plataformas tecnológicas. La UE por su parte, concluyó de manera preliminar que el diseño de TikTok puede ser adictivo y dañino, especialmente para menores.

Y no hay que pasar por alto que el jefe de salud estadounidense, lleva años diciendo que el diseño de las plataformas es un problema de salud pública.

Pero hay una pregunta que sigue sin resolverse: ¿prohibir las redes sociales realmente mejora la situación?

La respuesta honesta es que no lo sabemos.

La evidencia disponible no alcanza para afirmar que la prohibición reduce los problemas de salud mental. Tampoco es suficiente para descartar que pueda generar efectos secundarios no deseados, como aislamiento social o migración hacia otros entornos digitales menos visibles.

Entonces, ¿por qué avanzar en esa dirección?

En parte, porque en salud pública no siempre se espera certeza absoluta para actuar. Si hay indicios razonables de riesgo, y pocas alternativas comprobadas, se toman decisiones.

Desde esa perspectiva, la prohibición puede entenderse como una medida precautoria.

Ya está ocurriendo.

Australia implementó una ley de este tipo en diciembre de 2025. Malasia aprobó una medida similar en junio de 2026. Otros países, como Argentina, Francia, España, India o Noruega, están discutiendo iniciativas en la misma dirección. Algunos gobiernos estatales de México y Estados Unidos analizan restricciones en el mismo sentido.

La tendencia es clara.

Pero hay una incomodidad difícil de ignorar.

Prohibir puede ser una forma de actuar.

No necesariamente es una forma de resolver.

Porque si el problema está en el diseño de las plataformas, prohibir el acceso no lo elimina. En el mejor de los casos, lo contiene parcialmente. En el peor, lo desplaza.

Y eso obliga a ampliar la discusión.

La efectividad de esta medida deberá evaluarse con rigor, comparando sus resultados con otras estrategias, como el uso moderado y regulado, cuya definición aún requiere mayor desarrollo.

Quizá la conversación no debería centrarse únicamente en prohibir o permitir, sino en cómo repartir responsabilidades.

Las empresas tecnológicas tienen un papel evidente. No solo por el alcance de sus plataformas, sino por las decisiones de diseño que incentivan el uso prolongado y, en algunos casos, compulsivo.

Los gobiernos también enfrentan un reto. Regular de forma efectiva sin exagerar ni quedarse cortos. No es trivial, pero ignorar el problema tampoco es una opción.

Y luego están los usuarios. En este caso padres y educadores que necesitan herramientas para guiar el uso de estas tecnologías de forma más consciente.

Ninguno de estos actores puede resolver el problema por sí solo.

Incluso actuando juntos, no hay garantías de una solución perfecta.

Quizá esa es la parte más incómoda de todo esto: estamos respondiendo a un problema complejo sin entenderlo completamente.

Prohibir puede ser un primer paso.

Pero difícilmente será suficiente.

Porque, al final, el problema no es solo cuánto tiempo pasan los menores en redes sociales.

Es que esas redes están diseñadas, precisamente, para que salir de ellas sea cada vez más difícil.

¿Tú qué opinas, prohibir o usar con moderación?

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Imagen: Colin Behrens

Artículo publicado originalmente en mayo de 2025 en RSS Magazine

¿De verdad es útil salirse de las cámaras de resonancia? Últimamente se habla de que tanto Bluesky como X son cámaras de resonancia porque en ambas plataformas se dan coba entre gente de ideas similares: en BlueSky entre demócratas, progresistas, socialistas, buenaondistas y cosas peores. En X entre republicanos, conservadores, capitalistas, odiosos y cosas peores. Aseguran que solo hay usuarios afines de cada lado y que de nada sirve solo estar en uno u otro. En realidad, es más complicado que eso.

El tema de las cámaras de resonancia es una polémica en sí mismo: hay quienes dicen que existen y otros dicen que no. Al final, esto es ciencia social y es complejo, estudiarlo implica analizar a grandes grupos de gente a través de periodos prolongados de tiempo. Pero vamos a revisar lo que sabemos hasta hoy.

Chris Bail, director del Laboratorio de Polarización de la Universidad de Duke, hizo un estudio junto con su equipo de investigadores, sobre las cámaras de resonancia en redes sociales y observó que la gente que sale de sus cámaras no revisa nueva información sobre política al encontrarse con puntos de vista opuestos y tampoco adapta su visión de las cosas acorde con ello, sino que experimentan la salida de las cámaras como un ataque a su identidad. Estas personas consideran que sus creencias son atacadas, lo sienten personal y esto los lleva a aprender a defenderse.

También encontró que aquellos que salen de sus cámaras de resonancia no se humanizan entre contrarios más efectivamente, no generan una mejor competencia de ideas, tampoco hacen consciencia de que toda historia tiene dos lados, por el contrario, esto crea una competencia de identidades no saludable. Nada de lo que dice la sabiduría popular acerca de escuchar otros puntos de vista, sucede. Por el contrario, en este escenario las creencias son una forma de identidad y les dan a las personas un sentido de pertenencia, por lo que salir de las cámaras de resonancia a encontrarse con puntos de vista opuestos solo les sirve para pelear.

Por otro lado, se dice que la prevalencia de las cámaras de resonancia se ha exagerado, por ejemplo, un estudio de desinformación durante la campaña presidencial estadounidense de 2016, encontró que menos del 1% de los usuarios de X se expuso al 80% de las noticias falsas y que solo el 0.1 % son los responsables de compartir el 80% de estas publicaciones. Como dato interesante, las noticias falsas estuvieron más concentradas entre los votantes conservadores.

Las personas atrapadas en las cámaras de resonancia son minorías en ambos extremos del espectro político, según un estudio de 2019 del Centro para Medios Sociales y Política de la Universidad de Nueva York. La polarización política no es tan drástica como pensamos. Lo que vemos en redes sociales son muestras de los extremos, pero no es el común denominador de la gente en el mundo real. En las redes se da rienda suelta a las opiniones sin filtro. En el mundo real la gente tiende a moderarse. Sin embargo, hay que estar conscientes de estos hechos para evitar que influencien nuestros prejuicios de vida digital.

Ahora bien, aunque la polarización y la desinformación no sean tan grandes como pensamos, es importante manejarlas porque esa minoría de los que ya son miembros de una tribu política o conspiranoica, son suficientes para llevar a cabo acciones perjudiciales para la sociedad, no necesitan convencer a muchos más. Los riesgos de la desinformación están en la comunicación rápida y amplia que las redes sociales les aportan a quienes ya están dentro de estas cámaras de resonancia, no tanto en la influencia que puedan tener sobre las creencias de la gente que está fuera de estas cámaras. No por nada la desinformación y la polarización están consideradas en el Atlas de Riesgos del Foro Económico Mundial, en las categorías de tecnología y sociedad respectivamente, con riesgo de influencia mediano, desde hace algunos años y en la edición 2025 no ha sido la excepción.

Exponerse a diferentes puntos de vista es una decisión personal que requiere un esfuerzo. De manera natural siempre vamos a buscar a nuestra gente para unirnos a una tribu tanto en línea como en el mundo real, no es que las redes nos influencien drásticamente. Por otro lado, ajustar las creencias propias, basados en nueva información aún cuando esta contradiga nuestras creencias, es un ejercicio exigente pero necesario para quienes necesitan ser objetivos y analíticos.

¿Y tú, qué opinas de las cámaras de resonancia?

Imagen: Tumisu

En la isla de Roatán, Honduras, hay una ciudad privada llamada Próspera, propiedad de empresas estadounidenses. Es un régimen especial con sus propias reglas civiles y financieras. Un país dentro de otro país. Tiene regulaciones ligeras y bajas tasas de impuestos para atraer la inversión internacional y promover el crecimiento económico. El Bitcoin es moneda legal ahí. Es un lugar pensado para emprendimientos que quieren libertad legal para probar sus desarrollos científicos y tecnológicos.

En esta época en donde la confianza en los gobiernos está en su punto más bajo de todos los tiempos, el “orden liberal internacional” que teníamos desde la Segunda Guerra Mundial se está fragmentando, los intereses privados se están repartiendo los bienes públicos y la gente tiene más en común con sus comunidades en línea que con sus conciudadanos, la idea es que estas ciudades privadas sean gobernadas por empresas. A estos territorios independientes se les conoce como estados red, la siguiente versión del estado nación, la organización política actual de la mayoría de los países.

Los empresarios de la tecnología le llaman “salida” al deseo de dejar a las instituciones existentes atrás. De tal manera que Bitcoin es la salida de los bancos centrales, las redes sociales son la salida de los medios masivos, las DeFi (finanzas descentralizadas) son la salida de las bolsas de valores. Los estados red son la salida del estado nación.

Todo empezó cuando los líderes tecnológicos combinaron la ideología libertaria de extrema derecha con la creencia en un apocalipsis inevitable a corto plazo y la tendencia preparacionista, para crear refugios con el objetivo de sobrevivir al “fin del mundo”. Después, algunos buscaron lugares donde pudieran crear nuevos países fuera del alcance de políticos y legisladores, renunciando a las formas establecidas de organización política y social para crear sus propios reinos, dictaduras personales construidas sobre deseos de libertad que significan inmunidad a las consecuencias.

La idea en general no es nueva, un ejemplo lo tenemos en la Compañía Holandesa de las Indias Orientales (VOC), del año 1602. Se trató de una empresa que contrató militares y mercenarios de varios países para conquistar Indonesia y transformarla en una colonia de su propiedad para obtener mercancías. La VOC gobernó Indonesia durante casi doscientos años.

Los estados red parecen ser una mezcla entre este colonialismo y el concepto de zonas económicas especiales, un colonialismo 2.0. La idea del estado red se le atribuye a Balaji Srinivasan, un emprendedor e inversionista estadounidense que publicó un libro titulado “The Network State” (el estado red). Por su parte, Curtis Yarvin, alias Mencius Moldbug un bloguero de derecha radical y desarrollador de software, agregó la parte ideológica con su movimiento llamado la Ilustración Oscura, que fundó junto con el filósofo aceleracionista Nick Land. Yarvin publicó un texto llamado “Patchwork” (mosaico) donde explica sus ideas sobre los estados red. Todo esto influenció a prominentes figuras de la derecha estadounidense como el vicepresidente JD Vance, Steve Bannon y Peter Thiel entre otros.

Cuando vemos el desprecio que estos personajes tienen por la democracia, podemos entender cuáles son sus aspiraciones. Son prácticamente reinos donde pueden hacer y deshacer para seguir creando productos desde ahí para el resto del mundo, que va a continuar financiando la expansión de sus visiones distópicas.

Srinivasan propone un sionismo tecnológico que divide a San Francisco, el hogar del Silicon Valley, en “azules” o sea luditas y “grises” o protecnología. Para él, personajes como Elon Musk son grises clásicos que destruyeron el estatus quo, en este caso eliminando las marcas de verificación azul, que estaban basadas en la meritocracia y renombrando a Twitter como X, para mostrar que tiene el control y que no hay vuelta atrás hacia el viejo régimen.

Laurence Ion, un programador rumano y fundador de empresas estadounidenses que se dedican a la investigación sobre longevidad y extensión de la vida, ofrece una recompensa de dos millones de dólares a cualquiera que lo conecte con algún político en algún lugar del mundo, que pueda ayudarlos a adquirir tierras y aprobar leyes para establecer su propia jurisdicción especial en donde los típicamente largos procedimientos de aprobación y las reglas sobre tratamientos de biotecnología no aplicarán. Asegura que es más rápido construir una ciudad que pasar por la FDA (Administración Federal de Medicamentos estadounidense).

El ya mencionado Próspera, es uno de los proyectos de estados red más desarrollados. Opera bajo el marco de trabajo de las Zonas para el Empleo y Desarrollo Economico (ZEDEs) de Honduras. Fue fundada en 2017, por su director general, Erick Brimen, su objetivo es crear un ambiente semiautónomo, amigable con los negocios. Tiene opciones de residencia temporal y permanente.

Próspera tiene un gobierno con alto grado de independencia del gobierno de Honduras, les permite a las empresas mantener sus propios sistemas comerciales legales y civiles y les permite elegir las leyes de jurisdicciones extranjeras previamente aprobadas o proponer leyes a medida, sujetas a la aprobación de Próspera.

El actual gobierno de Honduras desconoció el arreglo hecho con el expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado (arrestado por narcotráfico) para establecer esta ciudad, por lo que Próspera demandó por diez mil setecientos millones de dólares al gobierno de Honduras, alegando que este no ha honrado las garantías de estabilidad legal. El proceso legal continúa abierto.

El acuerdo era por 50 años y les da libertad a los compradores, salvo el cumplimiento de las leyes básicas hondureñas, por ejemplo, no se puede crear una zona donde el asesinato sea legal. Por otro lado, se puede hacer mucho en estas naciones red, como conducir experimentos médicos.

La ciudad fue financiada con $120 millones de dólares de Sam Altman (OpenAI), Marc Andreessen, Balaji Srinivasan, Peter Thiel y otros destacados inversionistas, con financiamiento adicional de la firma Pronomos, de Patri Friedman, nieto del economista Milton Friedman.

Otros proyectos de este tipo son la red Zuzalu, que tiene una serie de ciudades alrededor del mundo desde Bután a Argentina, Praxis “la primera nación digital del mundo”, financiada por los Apollo Projects de Sam Altman y Joe Lonsdale (cofundador de Palantir) y Winklevoss Capital. La Esmeralda Land Company planea construir una villa en California, California Forever, respaldado por Marc Andreessen y otros empresarios que ya controlan tierras en ese estado.

Los grandes empresarios de las tecnológicas han llegado a un punto donde han alcanzado mucha riqueza que combinada con egocentrismo (en algunos casos hasta juicio nublado por las drogas) los ha llevado a pensar que pueden resolver los problemas del mundo gobernando ellos mismos y que la democracia es una especie de tecnología obsoleta que pueden actualizar.

Parece arrogante pensar que, así como pueden solucionar muchos problemas a gran escala, también pueden solucionar problemas sociopolíticos. Ser brillante para resolver problemas de ingeniería o negocios, no significa competencia para resolver todo tipo de problemas. Esta coyuntura es la culminación de un cambio en la distribución del poder y la riqueza que da origen a una nueva clase, la clase tecnocrática, de manera similar al ascenso de la clase de los comerciantes y empresarios, conocidos como burgueses, que acabó con las monarquías como se conocían.

Aparentemente ellos ven como un problema existencial que la tecnología esté avanzando más rápido que la gobernanza democrática y esto para ellos es una razón para reconstruir las instituciones, parchar carencias en la ley y crear regulaciones para la era digital. Como la democracia ya no es suficiente para seguirle el paso a la innovación tecnológica, han decidió privilegiar esta última. En ese sentido la declaración de Peter Thiel es reveladora: “Ya no creo que la libertad y la democracia sean compatibles”.

Los tecnócratas están buscando lugares seguros para ellos, en donde puedan probar cosas nuevas y determinar su impacto social en la gente, de manera similar a como se instala un servidor de pruebas de software antes de desplegar en un servidor de producción para consumo de los usuarios finales.

Mientras tanto, los tecnócratas todavía necesitan a los mercados de Nueva York, porque el mundo aún funciona con dólares, no con Bitcoins y son necesarias las instituciones gobernadas en lugares como Londres, Bruselas y Washington DC. Los tecnócratas autoritarios viven aún en estados nación en los que también están influyendo fuertemente.

Imagen: Gert Altmann

Uno de los coautores del libro System Error, Rob Sahami, profesor de ciencias políticas, relata que fue invitado a una cena privada en Silicon Valley. En ella coincidieron fundadores de empresas, inversionistas, investigadores de un laboratorio reservado de tecnología y dos profesores. El anfitrión, uno de los nombres más prominentes de la tecnología, les planteó una provocadora pregunta al grupo:

“¿Qué pasaría si se creara un nuevo estado para maximizar la ciencia y el progreso técnico impulsados por modelos comerciales -cómo funcionaría eso? ¿utopía? ¿distopía? ¿El impulso final para la evolución humana?”

El investigador del laboratorio misterioso dijo que ellos habían estudiado el tema y concluyeron que tendrían que encontrar una isla para llevarlo a cabo. Sin embargo, reconoció que construir la infraestructura adecuada y optimizarla para el trabajo científico sería complicado. Por eso, sugirió una solución radical: pagar a los habitantes locales para que se marcharan. Rob levantó la mano:

“Me pregunto, ¿este estado sería una democracia? ¿cuál es la estructura de gobierno aquí?”.

La respuesta fue rápida:

“¿Democracia? No. Para optimizar la ciencia, necesitamos a un tecnócrata benefactor a cargo. La democracia es demasiado lenta y frena el avance de la ciencia”.

El pasaje anterior es solo una de varias muestras de que los empresarios de las grandes empresas tecnológicas han explorado la idea de crear sociedades gobernadas por ellos, donde el desarrollo tecnológico no esté sujeto a escrutinio y rendición de cuentas.

Estos empresarios, convertidos en nuevos tecnócratas autoritarios, han usado durante muchos años una narrativa que dice que “la regulación frena la innovación”. Esta idea es peligrosa porque crea un falso dilema entre regulación e innovación, como si fueran mutuamente excluyentes. La realidad es que la regulación con frecuencia impulsa la innovación. Pero lo más importante es que un gobierno democrático no tiene por objetivo la innovación, sino asegurar que los balances entre innovación y seguridad se manejen alineadas con la ley.

A partir de la idea anterior, muchas organizaciones y expertos prestigiados de la sociedad civil, introducen otra narrativa que equipara a los gobiernos democráticos y sus regulaciones razonables, con regulaciones autoritarias impuestas por gobiernos también autoritarios.

Estas narrativas se benefician de la promoción que hacen los líderes de opinión, de tal manera que cualquier intento de regulación es visto como una amenaza existencial para sus negocios y para todo el Internet en general.

Cuando los fundadores y directores de las grandes tecnológicas se reunieron en un evento en Paris en 2011, organizado por Nicolas Sarkozy, el mensaje que dieron fue: “no regulen el Internet, la tecnología se moverá más rápido que los gobiernos, así que no legislen antes de entender las consecuencias”. No se referían al internet en realidad, sino a Google, Facebook, etc., sus negocios.

En el contexto actual, las tecnológicas han acumulado un poder sin precedentes en la historia de las organizaciones privadas. Su alianza con el gobierno de Donald Trump les ha permitido operar con pocas restricciones y varias concesiones, especialmente en áreas como la inteligencia artificial, la vigilancia masiva y la recolección de datos. Algunos de los fundadores y líderes ya no ocultan sus verdaderas intenciones: han dejado atrás el discurso utópico y revelado sus aspiraciones autoritarias, mostrando una clara intención antidemocrática.

Larry Ellison, fundador de Oracle, la segunda persona más rica del mundo, visualiza un futuro en el que su empresa ayuda a las autoridades a analizar datos de millones de cámaras de vigilancia en tiempo real y dice que “los ciudadanos estarán en su mejor comportamiento porque estaremos constantemente grabando y reportando todo lo que pase”. Sus declaraciones temerarias nos recuerdan al sistema de crédito social de China, que controla el comportamiento de los ciudadanos a través de cámaras, usando software avanzado de reconocimiento facial para vigilar a su población. Parece que los oficiales de policía que han cometido abusos en los países donde llevan cámaras, no se han enterado de que al ser filmados deben mostrar su mejor comportamiento.

Elon Musk, el hombre más rico del mundo, ha seguido una estrategia de involucrarse directamente en la política, primero en la nueva administración de Donald Trump como un generoso donador, luego cosechando beneficios personales como empleado de gobierno y recientemente estuvo en Londres en un mitin de Tommy Robinson, un delincuente y activista de extrema derecha, en donde agitó las aguas al afirmar que “ya sea que elijan la violencia o no, la violencia viene hacia ustedes. O contraatacan o mueren, esa es la verdad”, en referencia a la inmigración, que él señala como causante de “la destrucción de Bretaña”. Lo que Musk quiere es patrocinar a políticos antirregulaciones porque sus negocios se ven amenazados en Europa y Estados Unidos.

Pero el más extremista de todos es Peter Thiel, el 103º más rico del mundo, cofundador de PayPal, Palantir e inversionista de Facebook, quien al menos desde 2023 ha estado en una gira de conferencias sobre el día del juicio final. Sí, no es broma. Thiel dice que la humanidad está temerosa de su propia tecnología, hostil a la innovación y que en su neurótica desesperación ha quedado susceptible a algo aún más peligroso que es el Anticristo.

De acuerdo con algunas interpretaciones cristianas, el Anticristo es una figura que unirá a la humanidad bajo un solo reino antes de llevarla al apocalipsis. Para Thiel, el Anticristo es una o más personas o gobiernos que unirán a la humanidad ofreciéndole salvarlos de los peligros de la inteligencia artificial, la tecnología y el progreso, a cualquier costo. De manera que, en su visión, la humanidad enfrenta dos amenazas: la calamidad tecnológica y el Anticristo.

La solución que Thiel ofrece para estos peligros es nada más y nada menos que: “ir a la iglesia”.

Lo que Thiel busca con esto es sembrar miedo para ganar el favor de la opinión pública mundial y de los políticos de la extrema derecha en Estados Unidos, a quienes también apoya financieramente. Quiere ser él quien prevalezca por encima de los valores democráticos y de gobernanza de la tecnología. Está construyendo en la mente del imaginario popular, una narrativa de confrontación entre el bien y el mal: por un lado, una supuesta libertad abanderada por su persona y el sector tecnológico, y en el otro lado, la regulación tecnológica representada por la Unión Europea.

Al final, la pregunta inevitable se impone: ¿Quién es el verdadero Anticristo?

¿Estamos ante el ascenso de una nueva élite tecnocrática autoritaria que, en nombre del progreso y la innovación, busca desplazar a la clase política tradicional, tal como la burguesía lo hizo con las monarquías en siglos pasados? La diferencia es que esta nueva clase ya no se presenta como revolucionaria, sino como algo inevitable. Bajo el disfraz de eficiencia y libertad, se gesta una forma de poder que no quiere rendir cuentas, que desprecia la democracia y que pretende decidir el rumbo de la sociedad. Lo que está en juego no es solo quién controla la tecnología, sino como la aplica y con qué fines. La lucha por el futuro se juega en la conciencia de la sociedad que aún puede elegir entre rendirse o resistir.

La coyuntura tecno autoritaria y la mierdificación

Vivimos un momento de coyuntura tecnológica y política mundial en el que parece que todos están tras nuestra información. Las grandes empresas tecnológicas y los gobiernos quieren aún más de nuestros datos y están usando nuevas artimañas, políticas, leyes y pretextos para lograrlo.

Las grandes tecnológicas, las empresas de inteligencia artificial y los gobiernos han convertido nuestros datos en el recurso más valioso del siglo XXI. En este contexto, defender la privacidad no es solo una cuestión técnica o legal: es una postura ética, política y fundamentalmente humana.

En la era de la información, la privacidad ya no es un lujo, sino una necesidad urgente. Vivimos en un mundo donde cada clic, cada búsqueda, cada conversación y cada movimiento se registra, analiza y almacena para ser utilizado con un fin que probablemente no nos agrade.

En esta coyuntura política en la que las democracias se tambalean y la balanza se inclina a favor de los liderazgos con tendencias autoritarias, los gobiernos están doblando la apuesta y van por más datos de los ciudadanos a través de nuevas leyes y políticas soportados por la implantación e integración de sistemas informáticos para llevar a cabo agendas populistas y de control. Un Estados Unidos con una agenda antidemocrática apoyada de tecnologías de información y vigilancia, y lugares de América Latina como México, donde una serie de reformas antidemocráticas están dándole poderes a organismos gubernamentales para que consoliden u obtengan información de los ciudadanos sin mediar órdenes judiciales.

Al mismo tiempo tenemos el surgimiento de la inteligencia artificial y la mierdificación de las plataformas en el que las tecnológicas además de empeorar sus servicios han aumentado su apetito por la información de todo tipo, incluyendo la información personal. El modelo de negocio de las tecnológicas se ha basado en una economía de vigilancia que erosiona los derechos fundamentales. La inteligencia artificial ha sido dirigida por estas grandes tecnológicas hacia modelos de negocio que recolectan datos y ofrecen productos que aumentan la dependencia de los usuarios. Las grandes tecnológicas controlan lo que vemos, lo que consumimos y por ellas circula la conversación pública. Nunca en la historia hemos tenido empresas tan poderosas e influyentes como las grandes tecnológicas.

El matrimonio entre gobiernos y empresas tecnológicas ha existido desde hace tiempo, pero los límites entre ambos se van diluyendo y no es fácil distinguir quien está a cargo cuando las funciones antes exclusivas del estado como la vigilancia y el almacenamiento de datos personales han terminado en manos de empresas privadas.

Ahora ambas partes han redoblado esfuerzos, estrechado lazos y con esta alianza tecno estatal el ciudadano sale perdiendo. Estamos rodeados de entidades más hambrientas que nunca por nuestros datos e información personal.

Cuando el autoritarismo y la tecnocracia se encuentran, suceden cosas desafortunadas.

¿El que nada debe, nada teme?

Una de las ideas más peligrosas y persistentes en el debate sobre la privacidad es la falacia de “el que nada debe, nada teme”. Quienes usan esta frase sugieren que solo aquellos que tienen algo que ocultar deberían preocuparse por la vigilancia. Sin embargo, esta lógica es absolutamente errónea y peligrosa.

La privacidad no se trata de esconder crímenes, sino de proteger la intimidad, la dignidad y la libertad individual.

Todos tenemos aspectos de nuestra vida que preferimos mantener privados: nuestras creencias, nuestras relaciones, nuestras emociones, nuestras búsquedas en internet. La privacidad es el espacio donde todos encontramos satisfacción a una necesidad tan humana como es poder ser nosotros mismos sin miedo al juicio o la represión.

La vigilancia masiva no distingue entre culpables e inocentes. Al recolectar datos de todos indiscriminadamente, se crea un sistema de control que puede ser abusado fácilmente. Hoy puedes no tener “nada que temer”, pero mañana las reglas pueden cambiar. Lo que hoy es legal, mañana puede ser definido como ilegal. Y si no se tiene privacidad, no se tiene defensa.

Se han conocido casos donde por carencias de privacidad en plataformas tecnológicas o simplemente a través de corredores de información y buscadores, han identificado a infractores como los que participaron en la toma del Capitolio, a visitantes de la isla de Epstein o a quienes incendiaron un domicilio matando a una familia, para bien y nos congratulamos de que haya sido posible. Por otro lado, la vigilancia indiscriminada nos puede llevar a la persecución de los disidentes de un régimen autoritario con mayor facilidad que en estos citados casos.

La privacidad es un derecho humano reconocido por tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 12) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 17). La privacidad es parte de la democracia y la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a disentir.

Las entidades tras la vigilancia

Las empresas tecnológicas

Las grandes tecnologícas como Google, Meta (Facebook), Amazon, Microsoft y Apple entre muchas otras, han construido imperios sobre la base de nuestros datos. Su modelo de negocio se basa en la recopilación masiva de información personal para crear perfiles detallados que luego se utilizan para publicidad dirigida, manipulación de comportamiento y optimización de productos.

Estas compañías ofrecen servicios “gratuitos” que en realidad se pagan con nuestra información. Cada “me gusta”, cada búsqueda, publicación, correo electrónico, compra o ubicación compartida, alimenta algoritmos que saben más de nosotros que nuestro terapeuta. Y aunque muchas de estas empresas afirman respetar la privacidad, sus políticas de uso de datos suelen ser opacas, extensas y difíciles de entender.

Estas plataformas han sido utilizadas para propagar desinformación, polarizar sociedades, vigilar personas y hasta tratar de influenciar elecciones (aunque con resultados debatibles). Su poder no es solo económico, sino también político, cultural y de vigilancia.

Con la explosión de la inteligencia artificial, han entrado nuevos actores al terreno de la recolección de datos. Empresas como OpenAI, Anthropic, Google DeepMind y otras están desarrollando modelos que requieren enormes cantidades de datos para entrenarse y mejorar.

Aunque muchas de estas compañías afirman usar datos públicos o anonimizados, la realidad es que los límites entre lo público y lo privado son cada vez más difusos. Los modelos de lenguaje, por ejemplo, pueden aprender patrones de comportamiento, preferencias, estilos de escritura e incluso información sensible si no se toman precauciones adecuadas.

La continua expansión y disponibilidad de la inteligencia artificial pone herramientas para automatizar la vigilancia al alcance de cada vez más personas, resultando en riesgos para la privacidad. Las tecnologías como el reconocimiento facial, análisis de emociones, predicción de comportamiento y monitoreo de redes sociales se están convirtiendo en herramientas de vigilancia y control masivos.

Los gobiernos

En muchas regiones del mundo, los gobiernos, desde los más democráticos hasta los regímenes represivos, están adoptando medidas cada vez más intrusivas para vigilar a sus ciudadanos. Bajo el pretexto de la seguridad nacional, la lucha contra el terrorismo o la protección de la infancia, se están aprobando leyes que permiten la recolección masiva de datos, la censura de contenidos y la vigilancia de comunicaciones privadas. Estos gobiernos no necesariamente requieren leyes o poseer los sistemas en sí, a veces la información se obtiene de empresas tecnológicas que ya la tienen porque sus usuarios aceptamos proveerla como parte de las condiciones de servicio y los gobiernos solo están adquiriendo un servicio de terceros y no directamente vigilando. Cualquier empresa que tiene datos de sus usuarios tiene una fuente potencial de negocio adicional, como hemos visto recién con un conjunto de aerolíneas que venden información al Departamento de Seguridad Nacional estadounidense.

El problema no es solo la vigilancia, sino la falta de transparencia, de control judicial y de mecanismos de rendición de cuentas. Cuando el estado tiene acceso irrestricto a nuestra información, el equilibrio de poder se rompe y la ciudadanía queda indefensa.

Riesgos de la invasión a la privacidad

Los riesgos de esta situación son múltiples y graves:

• Pérdida de libertad individual: La vigilancia constante genera autocensura. Las personas dejan de expresarse libremente por miedo a ser observadas o castigadas.

• Represión política: En regímenes autoritarios, la vigilancia se usa para identificar y silenciar a disidentes.

• Manipulación de la opinión pública: Con suficiente información, es posible tratar de influir en la opinión pública y en comportamientos de consumo.

• Inseguridad digital: Cuantos más datos se recolectan, mayor es el riesgo de filtraciones, brechas de seguridad (hackeos) y robos de identidad.

¿Qué podemos hacer para proteger nuestra privacidad?

Aunque el panorama parece desalentador, hay medidas que podemos tomar como individuos y como sociedad. Sin embargo, estas medidas no son una aplicación de software que se instala y que automatiza la privacidad y entonces ya podemos volver a lo nuestro sin preocuparnos, sino que tenemos que trabajar para obtener la privacidad que necesitamos.

La privacidad que necesita un activista no es la misma que necesita un ama de casa o un comerciante o un menor de edad. No hay soluciones universales. Cada persona tiene que identificar que necesita proteger y de quién necesita protegerlo. Con base en esto debe tomar medidas y crear hábitos. La privacidad no son solo configuraciones en nuestros dispositivos, sino principalmente hábitos.

La privacidad no es lo mismo que anonimato. Al desarrollar hábitos y usar herramientas para aumentar nuestra privacidad, reducimos la recolección de nuestra información y datos personales, pero no desaparecemos.

Dependiendo de sus necesidades o perfil de riesgo, las medidas de privacidad tendrán que ser más sofisticadas o más básicas, pero un buen comienzo para la mayoría de nosotros podría ser algo como lo siguiente.

A nivel personal:

• Evita proporcionar información innecesaria o con la que no te sentirías cómodo compartiendo. Cada clic para indicar me gusta en una publicación comercial o personal, cada correo electrónico que proporcionamos para acceder al internet gratis de un establecimiento es una huella que se deja para ir alimentando el perfil que las plataformas van creando sobre nosotros. Cada fotografía que subimos a las plataformas es una fuente que revela más información de la que creemos. A veces se puede localizar a una persona solo con la construcción o árbol de fondo y con las sombras que estos proyectan.

• Evita servicios que abusan de tus datos: Siempre que sea posible, opta por alternativas éticas y transparentes.

• Usa herramientas de privacidad: Navegadores como Brave, DuckDuckGo, o motores de búsqueda como el propio DuckDuckGo, servicios de correo encriptado como ProtonMail, y redes privadas virtuales (VPN). Como alternativa hay complementos de seguridad que se pueden instalar en navegadores comerciales como Edge, Chrome o Firefox que si bien pueden no proporcionan la misma privacidad que los primeros navegadores mencionados, pueden ser útiles para reducir el número de cookies (mecanismos para rastrear la navegación) que los sitios instalan en nuestros dispositivos.

• Configura la privacidad en plataformas y dispositivos: Limita quién puede ver tu información en plataformas diversas de compras, música, mapas y redes sociales. Casi cada aplicación tiene configuraciones de privacidad, hasta de la que menos sospecharías. En el sistema operativo de tus dispositivos apaga o limita la propagación tu ubicación en general y apaga el historial de ubicaciones.

• Cifrar tus comunicaciones: Usa aplicaciones como Signal o iMessage para mensajes privados. Alternativamente puedes configurar WhatsApp o Telegram para aumentar la privacidad con la que funcionan por default.

• Edúcate y educa a otros: La alfabetización digital es clave para una mejor ciudadanía. Hay que compartir lo aprendido.

Hay muchas guías detalladas de como configurar la privacidad de diferentes apps y sistemas operativos en sitios web especializados, como por ejemplo la Electronic Frontier Foundation.

A nivel colectivo:

• Exigir leyes de protección de datos robustas: Como la Regulación General de Protección de Datos (GDPR) en Europa.

• Apoyar organizaciones de derechos digitales: Como Access Now, Electronic Frontier Foundation (EFF), o Privacy International.

• Presionar a las empresas para que adopten prácticas éticas: A través del consumo responsable y la presión pública.

• Participar en el debate público: La privacidad debe ser un tema central en las discusiones políticas y sociales.

Defender la privacidad en tiempos de vigilancia y censura es pues, un acto de resistencia. Es negarse a ser reducido a un perfil de consumidor, a un número en una base de datos, a un objeto de control. Es afirmar que tenemos derecho a vivir sin ser observados.

La privacidad no es paranoia, es la base de una sociedad libre. Y como todo derecho, solo se conserva si se defiende activamente, no es gratis ni es el estado natural de las cosas. No hay libertad sin privacidad.

Imagen: Stephan Marquardt

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Los empresarios de las grandes tecnológicas se alinearon con Trump. No están tan interesados en la buena experiencia de los usuarios, solo quieren comprar soluciones a nivel político para salvar el pellejo y seguir haciendo las cosas a su manera. La tecnología es política.

Pero primero vamos con la saga TikTok en Estados Unidos. La red social estaba en la cuerda floja y ahora parece que hay opciones, aunque no claras.

TikTok suspendió sus servicios el sábado 18 y al siguiente día, el domingo 19, estuvo de regreso en línea. Google y Apple quitaron la app de sus tiendas. Al otro día, lunes 20, después de su inauguración, Trump firmó un decreto pidiendo al Departamento de Justicia que durante 75 días no aplique la ley que exige que TikTok se separe de su matriz china ByteDance so pena de prohibición, para permitirle a su administración determinar un curso de acción que le permita a la red social seguir operando en Estados Unidos.

Sin embargo, este decreto no garantiza que TikTok y sus proveedores de servicios estén libres de sanciones, dicen los que saben de leyes. Al final están violando una ley y pudieran enfrentar demandas del orden de miles de millones. El decreto les podría servir para defenderse, pero no está claro que tan efectivo pueda ser. Entonces aún se les puede regatear, TikTok no está del todo a salvo. De momento ni Google, ni Apple han regresado la app a sus tiendas porque no tienen la certeza jurídica.

Por su parte, Bluesky y X lanzaron feeds de video aprovechando la incertidumbre en la que se encuentra TikTok.

La tecnología es política y la política es tecnología.

La gente más poderosa del mundo se ha estado alineando con Donald Trump y vimos la culminación de esa alianza con las distópicas imágenes de los grandes empresarios tecnológicos en primera fila, durante la toma de posesión del nuevo presidente estadounidense. Difícil olvidar ahora la extraña mirada de Zuckerberg y los temibles ojos saltones de Jeff Bezos en la ceremonia.

Todos venían ya cuadrándose: Meta está eliminando la verificación de hechos. Musk y su X han sido una plataforma para el discurso trumpista y radical desde hace mucho tiempo. Los empresarios de la tecnología estuvieron cenando con Trump en su casa en Florida.

Estas empresas tecnológicas tienen problemas diversos y en lugar de estar desarrollando las soluciones, están pagando por ellas y quedando bien con el nuevo gobierno estadounidense. Los usuarios quedamos en segundo plano, ahora les interesamos menos que nunca. Muchas de estas empresas tienen al menos una demanda antimonopolio en proceso y es por esto que Trump tiene la sartén por el mango.

Amazon, Google, Meta, Microsoft y Uber donaron cada un 1 millón de dólares para la toma de posesión de Trump. También Tim Cook, el director de Apple y Sam Altman el de OpenAI (conocido por ChatGPT) hicieron lo propio. Robinhood (plataforma de inversiones en cripto y tradicionales) donó 2 millones. Esta es una diferencia grande comparada con las donaciones a otros presidentes. Musk se gastó aproximadamente 250 millones de dólares para apoyar la elección de Trump.

Por otro lado, Zuck quiere beneficios legislativos en IA para sus nuevos productos, también es el caso de Google, Microsoft y Amazon, por eso dependen de lo que diga Trump al respecto. Zuck es el más beneficiado con una prohibición de TikTok, pero Trump quiere encontrar la manera de que la red social siga en Estados Unidos. A ver en que termina la saga TikTok.

Las criptomonedas por su parte tendrán un papel estelar. El nombramiento de Paul Atkins, quien es procriptomonedas, como director de la Securities & Exchange Commission así lo muestra. Muchas empresas criptofinancieras necesitan que les aflojen la correa para poder estafar y seguir haciendo enjuagues a modo. Son de los que más han gastado para influir en la política tecnológica. Están donando de a decenas de millones. Trump emitió un decreto para revisar y modificar las regulaciones en este ámbito, por lo que las criptomonedas pudieran tener jugada en proyectos gubernamentales.

Luego están los de la industria tecnológica militar, quienes quieren contratos del gobierno y están buscando que este se vaya con ellos y deje de lado a proveedores tradicionales de defensa como Lockheed Martin.

La mierdificación de las plataformas no mejorará pronto, por ahora ya tienen quien las defienda de las exigencias de rendición de cuentas, como las de la Unión Europea. Los usuarios tenemos que buscar alternativas como las redes sociales abiertas para mitigar el riesgo de que los vientos políticos sean los que dicten el servicio que estas nos dan.

Fotografía: Tung Lam